El sistema de justicia en México lleva décadas de ser criticado, señalado y golpeado por su facilidad para violar los derechos humanos, las libertades fundamentales y librar procesos a conveniencia de procuradores y políticos estatales y nacionales.

    Pero este caso fue más allá de cualquier otro documentado hasta el momento: el 3 de Agosto de 2006, tres mujeres indígenas, fueron arrestadas, acusadas de secuestro de 6 agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), posesión de cocaína y sentenciadas a 21 años de prisión.

    Éstas tres mujeres, fueron llevadas a enfrentar un juicio que claramente las ponía en desventaja; no conocían la ley (Como muchos mexicanos sin importar su condición de indígenas o no), casi no hablaban español, y se enfrentaban más que a una agencia federal, a todo el sistema de justicia mexicano, que la única justicia que quería hacer, era justificar un operativo que salió a todas luces mal y de malas.

    Las tres mujeres enfrentaban las represalias por haber sido las únicas personas que había podido capturar la AFI y por lo tanto la procuraduría iban a buscar tal como reza el dicho popular: no quien se la había hecho pero si quien se la iba a pagar.

    Aquí un breve recuento de los hechos:

  1. El 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlan, se presentaron elementos de la AFI debido a que una llamada anónima denunciaba la venta de productos pirata en el lugar.
  2. Al arribar al lugar, los AFIs fieles a su costumbre “agarraron parejo” decomisaron cuanta cosa les pareció sospechosa, fuera o no pirata; acción que por supuesto no pareció nada agradable para los locatarios del tianguis. El tiempo transcurrió, los ánimos se caldearon y los vecinos cansados de la prepotencia de las autoridades, impidieron que los agentes abandonaran el lugar.
  3. Retuvieron a 6 agentes federales esperando negociar con el gobierno la mercancía decomisada de manera arbitraria y los abusos cometidos por los “representantes de la ley”. Aquí las versiones de ambos lados se contradice totalmente. Los Agentes Federales argumentan que los pobladores exigieron dinero en efectivo para liberarlos, por lo cual uno de los agentes tuvo que irse a conseguir el dinero y al hacerlo lograr liberar a sus compañeros.
  4. La versión de los pobladores por supuesto argumenta que los agentes fueron retenidos para obligarlos a devolver su mercancía y que nunca hubo una petición de rescate en efectivo.
  5. Cualquiera que fuera el caso, según consta en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y en la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006 , el 9 de mayo se presentaron los agentes plagiados y a través de diversas fotografías reconocieron a sus captoras.
  6. Por lo que además del delito de privación ilegal de la libertad a funcionarios públicos, en base a las declaraciones de los agentes, se acredita el delito de posesión de narcóticos en contra de Alberta Alcántara Juan.
  7. En consecuencia de lo anterior, se dicta a las tres indígenas de origen otomí, la pena de 20 años de prisión y una multa de 90 mil pesos más 70 mil por concepto de reparación del daño causado a los secuestrados.
  8. Este caso dio de vueltas durante más de 3 años, por diferentes tribunales de justicia, los cuales ratificaban una y otra vez la sentencia alegando que existían las pruebas suficientes para ello.

    Sin ser magistrado, abogado, o un experto en temas legales, al escuchar la historia de estas mujeres nadie en su sano juicio podía entender como tres mujeres indígenas sin hablar si quiera español, que apenas si podían sobrevivir día a día en nuestro país, hubieran sido entrenadas en Israel, Estados Unidos o Colombia; hecho  que justificaría el que hubieran podido ¡SECUESTRAR! 6 AGENTES FEDERALES.

    Agentes que se supone sí estaban entrenados, posiblemente armados y que de ninguna manera podrían haber permitido su secuestro.

    100 millones de Mexicanos veían un tremendo absurdo en donde la justicia  mexicana veía coherencia y pruebas suficientes, contundentes, (que dicho sea de paso nunca fueron exhibidas) para condenar a tres mujeres indígenas. Todo el país sabía que habían sido condenadas por haber cometido tres grandes delitos en México: Ser indígena, ser mujer y ser pobre.

    Después de que durante 3 años el gobierno mexicano si mantuvo “secuestradas” a 3 mujeres indígenas, con gran orgullo salieron legisladores, magistrados y gobernadores, a decir que gracias a su intervención, a las reformas al sistema de justicia y a que por fin abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban en un error, y sentenciaron la LIBERACIÓN INMEDIATA DE ÉSTAS MUJERES.

    Fue la Ministra Olga Sánchez la que “encontró” graves irregularidades en el proceso, presentó un proyecto de sentencia que proponía su liberación, y de forma unánime los demás ministros aprobaron la liberación.

    ¿Y ahora que? Como ocurre en todos los casos en los que el sistema de justicia mexicano se equivoca, (y vaya que son bastantes los casos), ya les dijeron el tan clásico: Usted disculpe y las mandaron a su casa.

    Desde luego surgen varias interrogantes: ¿Y el daño provocado por haber estado 3 años encarceladas injustamente? ¿De qué van a vivir éstas mujeres en lo que retoman sus actividades comerciales (si es que las retoman)? ¿Puede la justicia de nuestro país seguirse equivocando sin reparar los daños?

    No es posible y mucho menos admisible que durante 3 años el procurador en turno Eduardo Medina Mora, los jueces que ratificaron las sentencias y los agentes federales que inventaron pruebas donde no las había, sigan su vida normal como si éste fuera un hecho aislado y ellos no tuvieran responsabilidad alguna en el caso.

    Es imperativo continuar exigiendo una verdadera reforma al sistema Judicial Mexicano, que proteja las garantías individuales en lugar de violarlas a cada paso, que haga responsables a jueces por sus errores, y que indemnice a las víctimas del sistema, que pierden meses o años de su vida porque alguien tarda años en “encontrar” inconsistencias o errores en el proceso.

    Desafortunadamente exigir algo a los legisladores es letra muerta, jamás han escuchado a los ciudadanos que representan, y no parece vislumbrarse un cambio de actitud.

    Hace falta que las nuevas generaciones de políticos, adopten una verdadera actitud de servicio a la población que representan, que los contrató y que paga sus salarios, para esperar que algún día no muy lejano, tengamos una generación de políticos responsables con su país y los cambios que éste exige.

    Retoque: Una vez más la justicia nos demuestra que en las cárceles mexicanas, ni son todos los que están, ni están todos los que son.

    Con información de:

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